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INCONSISTENCIAS EN EL DECRETO DE LA LEY GENERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, APROBADO POR LA CMARA DE DIPUTADOS. RUTH VILLANUEVA CASTILLEJA, Presidenta de la Comisin de Justicia de Menores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.La Academia Mexicana de Ciencias Penales, que tiene entre sus objetivos colaborar con los rganos de la administracin pblica en el diseo y desarrollo de las polticas pblicas y de programas de gobierno en materia de justicia penal, de justicia para adolescentes y de seguridad pblica, a travs de su Comisin de Justicia para Menores desea exponer las siguientes consideraciones en torno a la problemtica que se ha producido con motivo de la reforma del artculo 18 Constitucional, que entr en vigor el 12 de Diciembre del 2005, y cuyo proceso de reglamentacin se encuentra actualmente en el mbito de competencia de la H.Por lo que hace a la creacin del sistema integral que impone el artculo 18 Constitucional, debe destacarse que el proyecto de legislacin federal carece de esa visin de integralidad, ya que lo que ms resalta dicho proyecto es slo la necesidad de establecer un procedimiento, es decir, un gran porcentaje de la nueva legislacin se dedica al procedimiento y se olvida que el sistema integral abarca tambin otros programas importantes como la prevencin, la procuracin, la administracin, la ejecucin y el seguimiento.

En efecto, en el dictamen de la segunda lectura del da 31 de Marzo del 2005, el Constituyente Permanente explcitamente manifest su rechazo a un sistema penal con relacin a los menores, sealando el establecimiento de un sistema integral especializado para adolescentes; criterio que, sin duda, debe prevalecer en la legislacin secundaria, y que no permite transpolar el sistema penal de adultos al sistema de menores, pues ello implicara hacer la reforma de la reforma en esta legislacin.

Es conveniente, tambin insistir en que la federacin debe contar con una ley especfica de la materia, la cual debe posibilitar la finalidad que se persigue con el sistema, que es “la reintegracin social y familiar del adolescente, as como el pleno desarrollo de su persona y capacidades”; es evidente que esta finalidad no se vislumbra de manera ptima en el proyecto de ley federal que actualmente se analiza, ya que los criterios que sigue y sus contenidos nulifican la idea de integridad que debe revestir un sistema especializado.

Por lo que, es necesario que quienes revisan el proyecto de decreto de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes atiendan ese espritu de integralidad y de especialidad del sistema, adems de fortalecer la idea de que la atencin de los menores sea en su lugar de residencia y por las instituciones locales, como se ha venido realizando hasta ahora, pues ello atiende precisamente al inters superior del nio y que est tambin acorde con lo sealado en el artculo 500 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales.

Este problema ha sido ya analizado y valorado por algunas autoridades, como el Tribunal Colegiado del Vigsimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, en el conflicto competencial 1/2006 suscitado entre el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala y la Juez Especializada en Imparticin de Justicia para Adolescentes en el mismo Estado, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el conflicto Competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito y el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, con residencia en Cholula, prevaleciendo el criterio que aqu se sostiene y que consideramos permite alcanzar el fin propuesto en la mencionada reforma constitucional.

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